“Desde el primer día solicité a EPM a evaluar los costos reales del proyecto, los sobrecostos y los responsables de ellos. La investigación duró ocho meses. Hoy, EPM decidió iniciar acciones legales por cerca de 9.9 billones de pesos, la suma demandada más alta por una entidad pública en la historia de Colombia contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto de Hidroituango”, señaló el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM.
Quintero manifestó que estas acciones legales se hicieron, inicialmente, ante la Procuraduría y también se pidió apoyo de la Contraloría y la Oficina de Defensa Jurídica del Estado.
El gerente de EPM, Álvaro Rendón, señaló que se estructuró una conciliación con todos los participantes en el proyecto Hidroituango, de la cual hacen parte varios consorcios.
Renuncia la junta
En una decisión sorpresiva y en vez de apoyar la demanda del alcalde de Medellín en su defensa por el patrimonio de EPM y su propósito de sacar a la luz pública los verdaderos culpables de las billonarias pérdidas en la construcción de la obra, la junta directiva de la entidad presentó su renuncia argumentando que no la habían tenido en cuenta para tomar esta decisión.
La demanda de EPM se presenta tras la elaboración de análisis integrales de expertos de la Empresa, equipo jurídico, estudio de causa-raíz de la firma especializada internacional Skava Consulting y la revisión minuciosa de toda la documentación en materia jurídica, se identificó que el consorcio constructor y el interventor, conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto, que habían problemas para cumplir correctamente con el “Hito de entrada en operación comercial de las unidades de generación”.
De estas empresas hacen parte el consorcio diseñador Generación Ituango (compuesto por Integral y Solingral S.A.), el consorcio constructor CCCI (integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H) y el consorcio interventor Ingetec-Sedic.
Sostiene EPM que que las recomendaciones, decisiones y acciones que se tomaron, trajeron consigo un riesgo que, a la postre, condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación (GAD) y que obligó a gestionar un manejo sin precedentes de los riesgos ambientales, sociales y de infraestructura siniestrada al interior de la caverna de transformadores.
