Luz Adriana Camargo, la nueva Fiscal General de la Nación, enfrenta un panorama de 2,8 millones de procesos, además de las preocupantes señales de corrupción que afectan este organismo
Luz Adriana Camargo es abogada especialista en Derecho Penal-Criminología y fue fiscal delegada ante la Corte Suprema y magistrada auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema. En una sesión extraordinaria convocada solo para tomar la decisión, y enmarcada por la renuncia minutos antes de una de las ternadas, Amelia Pérez, 18 de los 23 magistrados se decantaron por Camargo.
Le corresponde ahora a la nueva fiscal liderar una poderosa institución con una robusta burocracia —cerca de 23.000 funcionarios— y cuya principal misión es adelantar investigaciones penales y acusar de delitos ante jueces y tribunales.
El reto que se aproxima por los próximos cuatro años no es sencillo. En medio del frenesí político que se generó en los últimos 19 meses por los enfrentamientos entre Barbosa y el presidente Gustavo Petro, hay una compleja realidad del país alrededor del crimen y la impunidad que merece ser atendida con urgencia.
Camargo fue la última abogada en entrar a la terna. Reemplazó a la exfiscal Amparo Cerón, a quien el presidente retiró de su baraja luego de que surgieran cuestionamientos sobre la forma en la que manejó la investigación penal del escándalo Odebrecht.
La nueva fiscal estudió Derecho de la Universidad de La Sabana, prestigioso centro académico ubicado a las afueras de Bogotá y de propiedad del Opus Dei. Su reconocimiento como fiscal se remonta a las investigaciones que adelantó en la primera década del siglo sobre el fenómeno de la parapolítica, como magistrada auxiliar de la Corte Suprema, y a su trabajo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG). En ambas ocasiones se desempeñó cerca del hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez.
