La Contraloría General suspendió el proceso de responsabilidad fiscal por Hidroituango contra 26 personas naturales y jurídicas imputadas por la emergencia en el proyecto hidroeléctrico.
Según confirmó el máximo órgano de control fiscal, el contralor delegado intersectorial no. 2 de la Sala fiscal y Sancionatoria tomó la decisión a raíz de una recusación presentada por una de las implicadas: María Eugenia Ramos Villa, exsecretaria de Planeación de la Gobernación de Antioquia.
El fallo de segunda instancia se iba a proferir en las próximas semanas en contra de 26 políticos y contratistas por supuesto detrimento patrimonial por las irregularidades presentadas por constructores y males decisiones de dirigentes gubernamentales, durante la construcción de la central hidroeléctrica.
¿Se beneficia la culminación de la obra?
Dentro de este maremágnum de hechos que tienen parados los pelos de los contratistas y políticos involucrados en la investigación, a la larga esta recusación puede beneficiar el proyecto pues le da un respiro a los actuales contratistas para terminar la obra programada para mediados del próximo año.
La Contraloría explicó este jueves que es la tercera vez que el proceso se suspende por una recusación. De hecho, se había suspendido por la pandemia.
Las implicaciones para los contratistas
La Contraloría General debe resolver la segunda instancia del billonario fallo que declaró en septiembre. De confirmarse, los 26 implicados quedarían inhabilitados para contratar con el Estado (una sanción que recibe cualquier persona que recibe un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría).
Esto complicaría la puesta en marcha de Hidroituango, que prometía proveer el 17 % de la electricidad de Colombia, pues legalmente no se podía seguir con el proyecto. También comprometería otros proyectos de infraestructura, ya que detrás de la hidroeléctrica hay varios gigantes de la construcción.
