El llamado gobierno corporativo, resultó ser una fachada para que los empresarios privados asentados en el GEA, hicieran fiesta con los recursos de EPM.
La Fundación Forjando Futuros y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz demandaron el gobierno corporativo de EPM y buscan su anulación. La figura fue adoptada en 2007 para combatir la ineficiencia, la corrupción y el clientelismo.
“El remedio salió peor que la enfermedad: dijeron que el Gobierno Corporativo era para defender de la corrupción, del clientelismo, de la ineficacia las empresas de servicios públicos, pero se nos convirtió en lo contrario. Ahora los que saquean los recursos públicos ineficaces son los privados en la administración de esos recursos públicos” afirmó Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros.
Según la demanda de nulidad, el gobierno corporativo se implementó por recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo en 2007, cuando Sergio Fajardo era alcalde de Medellín y Juan Felipe Gaviria era el gerente de la compañía, como una fórmula para combatir la ineficiencia y la corrupción.
Sin embargo, las ONG aseguran que “el remedio salió peor que la enfermedad”, porque esta no representa los intereses públicos de los ciudadanos, sino que beneficia al sector privado como a las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño.
La demanda, además, recomienda que una vez se haga una anulación del gobierno corporativo, EPM implemente modificaciones para la confirmación de la junta directiva, como prohibir la contratación con empresas donde hayan trabajado miembros de la junta o el gerente.
Las ONG también proponen que se inicien procesos sancionatorios contra los incumplimientos de los contratistas, a pesar de que sean socios estratégicos. Hacer un convenio con la Contraloría de Medellín para que fortalezca el seguimiento y control de EPM; y crear un equipo de control y seguimiento a las contrataciones que adelanta la segunda empresa más importante del país.
