La Contraloría estableció presunto detrimento patrimonial de los recursos públicos, comprometidos en la adquisición de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer, Legacy 600 VIP
«Imposible transportar tropa y equipos en un avión ejecutivo tipo VIP para 13 pasajeros, cuando la necesidad planteada era comprar aeronaves con capacidad para 44», apunta la investigación de la Contraloría
La Contraloría General de la República estableció un presunto detrimento patrimonial, en cuantía de 12 millones 160 mil dólares americanos (USD $12.160.000), que corresponden a una cifra cercana a los $58.103 millones de pesos de los recursos públicos comprometidos en la adquisición de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer, Legacy 600 VIP, por parte de la Policía Nacional, a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – CIAC S.A.
Para el organismo de control la compra de esta aeronave usada, con capacidad para 13 pasajeros, representa un presunto detrimento del patrimonio público, toda vez que se priorizó la compra de un avión con unas características que no satisfacen el interés social perseguido.
Es decir, esta compra no obedece a la ampliación de la capacidad operativa de la Policía Nacional, y, así, redundar en una mejor prestación del servicio patrullaje aéreo para la seguridad ciudadana, en cuanto a transporte de tropa y equipos.
La excéntrica compra tiene en la mira de la Contraloría General de la República no solamente al general Penilla, que hasta hace unos días gozó de un corto y dorado retiro diplomático en Madrid, España, sino también al único oficial que tenía mayor jerarquía que él en el momento de la decisión: el general Jorge Luis Vargas, director de la institución.
El informe de auditoría señala: “La compra del avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600, con capacidad para trece pasajeros, representa un detrimento del patrimonio público en cuantía de $12.1 millones de dólares”. El hallazgo abrió un incidente de responsabilidad fiscal contra la anterior cúpula de la Policía.
Además de los generales Vargas y Penilla, hay otros oficiales vinculados, entre los que están: el general Iván Hidalgo, gerente de la CIAC, una empresa mixta que operó la compra; el general Ricardo Alarcón, director de Antinarcóticos; el general Luis Ernesto García, jefe de la Oficina de Planeación de la institución, además de dos coroneles y varios civiles que participaron en la transacción.
