La Superintendencia de Industria y Comercio dio a conocer una sanción por $285 millones que impuso a Claro (Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.), ya que a pesar de haber accedido de manera inicial a las pretensiones y solicitudes que hacían sus usuarios, terminó por incumplirlas.
Según la Superindustria, Claro desconoció la voluntad inicial que prometía a sus usuarios y no materializó ni cumplió la decisión que los favorecía, «desconociendo el derecho que le asiste a los usuarios de que sus peticiones, quejas y reclamos -PQR- sean atendidos y resueltos de manera definitiva», afirma la Superindustria.
La Delegatura para la Protección del Consumidor analizó una serie de denuncias presentadas contra Claro y logró evidenciar que los usuarios habrían obtenido respuestas favorables de la compañía a sus solicitudes. Sin embargo, el prestador del servicio desconoció la decisión inicial, cuando los usuarios confiaban en que su solicitud había sido solucionada.
La entidad agregó, luego de la investigación adelantada, que pudo comprobar que Claro «incurrió en la omisión al deber de atender de manera efectiva y definitiva las inconformidades planteadas, ya que no materializó de manera integral ni oportuna las decisiones emitidas a favor de los usuarios».
