Las familias que compraron vivienda VIS en Jardines del Sur, proyecto ubicado en el municipio de La Estrella (Antioquia), sector Tablaza, están afectadas por incumplimiento de dos de los socios de Constructora Suramérica S.A.S.
Se trata de Pedro Pablo Marín Narváez y César Augusto Grisales Giraldo, accionistas del 66.5% de la compañía, quienes se niegan a cumplir con sus obligaciones profesionales como socios para terminar las obras de Jardines del Sur. Asimismo, el lote tiene diferentes irregularidades, entre ellas pertenecer a una zona de expansión sin plan parcial y con precaria infraestructura de un acueducto que no les puede proveer suficiente agua a los habitantes. También, les falta contar con los permisos de vertimientos y el lote no tiene plan parcial.
La unidad residencial tiene construidas las cuatro torres de apartamentos con 320 unidades de vivienda, en las que ya habitan alrededor de 100 familias. Tiene pendiente por construir por los retrasos de la obra los parqueaderos, zonas comunes, las piscinas y la red contra incendios. Se han entregado 229 apartamentos y firmado 137 escrituras.
Además, las personas que han recibido su apartamento han perdido subsidios de vivienda por vencimiento de plazos, han sufrido vencimiento de sus créditos para financiación del saldo, no cuentan con servicios públicos suficientes, porque aún los hogares no tienen conexión individual con EPM. También, tienen en riesgo los ahorros de toda su vida y en las condiciones en la que está la unidad, es difícil comercializar los apartamentos para quienes los compraron por inversión.
Patricia Gómez, una de las afectadas como compradora y residente desde diciembre de 2021 de Jardines del Sur, explica que “Cuando compramos el apartamento con los ahorros de más de 30 años, el proyecto nos prometía muchas comodidades. Hoy, tenemos que parquear en una finca aledaña, porque aún no están terminados los parqueaderos, no podemos ingresar por la portería principal que tampoco está construida. Muchas de las familias vivimos con miedo de perder nuestro patrimonio, porque no tenemos ni siquiera las escrituras”.
Nicolás Mejía Londoño, Abogado apoderado de Salazar y Asociados, señala que desde la compra del lote hubo irregularidades y engaños por parte de los socios Marín Narváez y Grisales Giraldo. “Para que le dieran licencia de urbanismo al lote, este tenía que cumplir varios requisitos, entre ellos la factibilidad de servicios públicos. Se habilitaron los permisos, conociendo que en el área de influencia del lote existe una medida cautelar que no permite emitir factibilidades, disponibilidades ni nuevas conexiones y se solicitó punto de alimentación de un acueducto a 4.6 kilómetros de distancia, lo que era inviable y el más cercano no tenía capacidad ni para un baño más”.
A la problemática se le suma que la Alcaldía de la Estrella, a través de la Secretaría de Planeación realizó revisión del estrato del Proyecto y lo aumentó a estrato 4, perjudicando a los compradores por aumento de costos de escrituración y servicios públicos.
Salazar y Asociados ha intentado resolver la situación desde febrero de 2021, acudiendo a diferentes entidades para que intervengan y les ayuden a resolver los problemas societarios y de retrasos de la obra como: la Superintendencia de Sociedades, la Alcaldía de la Estrella, Aguas de La Estrella, Corantioquia y la Cámara de Comercio de Medellín, esta última para nombrar a un representante legal, diferente al actual que es Pedro Pablo Marín Narváez, con quien que se pueda negociar para terminar las obras, que se solidarice y tenga una comunicación directa con las familias, quienes están en total incertidumbre.
Ninguna institución les ha ayudado hasta el momento, pese a las distintas solicitudes para que todos los socios de la Constructora Suramérica terminen el proyecto.
