La historia de cómo el anticipo de un billonario contrato terminó en un “paraíso fiscal”

 

Un anticipo de $70.243 millones que terminó en una cuenta en Delaware (Estados Unidos), en desarrollo de un fallido contrato para llevar conexión digital a una vasta región del territorio nacional, abrió fuegos a un escándalo judicial que ya agita las aguas políticas, en la antesala de la campaña por la renovación del Congreso y la disputa por la presidencia de Colombia. Un desembolso que se convirtió en el detonante de un supuesto capítulo de corrupción y falsificación de documentos, con paraíso fiscal a bordo y presuntas irregularidades fiscales. Las autoridades están detrás del caso y fuentes cercanas al proceso le contaron a este diario pormenores sobre las investigaciones.

En el ojo del huracán se encuentra Karen Abudinen, ministra de Telecomunicaciones, porque el anticipo fue autorizado a una unión temporal que, desde que firmó el billonario contrato con la cartera ministerial, ya estaba bajo la lupa por su supuesta falta de idoneidad para cumplir con el negocio. Esta historia, que ya tiene ribetes de escándalo, se inició en diciembre de 2020, cuando, ante varias propuestas de reconocidos operadores en el ámbito de la tecnología, en desarrollo del proyecto Centros Digitales para ampliar la cobertura de internet en el país, el Mintic otorgó un contrato por $1,07 billones a la Unión Temporal Centros Poblados, un conglomerado empresarial del entorno económico de Barranquilla.

(En contexto: Tras licitación del Mintic buscarán conectar a internet más de 14.000 sitios rurales)

Investigaciones de la Contraloría, denuncias de lado y lado y publicaciones de medios de comunicación, como La W Radio y el portal Primera Página han dejado en evidencia serias irregularidades en un contrato que le costó al Estado $1,07 billones. No solo han sido las críticas a la experiencia e idoneidad de la unión temporal, principalmente porque su experticia se inclinaba más a temas de construcción y vías, y no en telecomunicaciones o internet, sino porque la ministra Abudinen respaldó esa elección. Lo hizo con un argumento que avivó la polémica: no importa tanto la competencia del contratista, sino el tamaño de su propuesta. Como Centros Poblados ofrecía la mejor, se quedó con el cuantioso contrato.

 

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